La Inspección General de Justicia (“IGJ”) impuso una multa de $ 4.000.000 (pesos cuatro millones) contra una sociedad y contra su presidente -en forma solidaria, por haber omitido presentar los balances correspondientes a los ejercicios cerrados entre 2017 y 2024.

La sociedad sancionada apeló la multa impuesta por IGJ. Sus fundamentos fueron los siguientes:

(i) La omisión en presentar los estados contables se debió a una “imposibilidad material absoluta”. Ya que los libros contables habían sido secuestrados por la justicia penal y estaban bajo su custodia.

(ii) La sociedad puso “a disposición” de la IGJ los estados contables certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

(iii) El monto de la multa es irrazonable y desproporcionado.

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó la apelación presentada. Sostuvo que:

a) Luego de ser intimada, la sociedad sancionada omitió realizar presentación alguna ante IGJ a pesar de las prórrogas solicitadas.

b) La sociedad omitió acreditar haber intentado peticionar en la causa penal lo conducente para poder satisfacer las intimaciones cursadas por la IGJ.

c) Poner “a disposición” los balances certificados y llevarlos en modo físico a la IGJ no satisface la obligación de su presentación.

Por dichos fundamentos, rechazó la apelación presentada y confirmó la resolución administrativa apelada, con costas.